La normativa entrará en vigor el próximo 12 de octubre...
Según los sindicatos de pilotos y controladores, la medida responde a "intereses políticos" y no a motivos de seguridad,
El Gobierno pondrá en marcha a partir del próximo 12 de octubre una medida que supone la prohibición del uso del español en las comunicaciones entre pilotos y controladores aéreos en los principales aeropuertos del país, es decir, en aquellos con más de 50.000 movimientos internacionales anuales.
Según la Dirección General de Aviación Civil, órgano asociado del Ministerio de Fomento, desde esta fecha sólo será posible hablar inglés en las comunicaciones de los aeródromos,
aunque se aplicará únicamente a pilotos y controladores, ya que el
resto de usuarios de esta frecuencia, como bomberos o señaleros, podrán
seguir utilizando el español.
En este sentido, el
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) y la Unión
Sindical de Controladores Aéreos (Usca) han querido alertar esta mañana
en rueda de prensa de los peligros que puede suponer la medida, puesto
que la imposición de la utilización del inglés como idioma único es "una imprudencia que puede afectar a la seguridad" ya que "la medida no se ha basado en estudios previos" según apunta Agustín Guzmán, del departamento técnico de Sepla.
Representantes de ambos sindicatos han denunciado que la disposición se va a implantar en España sin tener en cuenta los efectos que puede acarrear. Guzmán ha subrayado que el hecho de excluir el español en las comunicaciones no aumenta la seguridad sino que en situaciones de urgencia puede ponerla en peligro,
dado que "la prioridad en un vuelo es que el mensaje se transmita con
la mayor claridad y precisión posible", y califican de "absurdo" que la
correcta percepción de dicho mensaje se vea afectada por no poder hablar en el idioma que tanto piloto como controlador dominan.
El presidente de Sepla, Javier Gómez ha afirmado que la polémica normativa obedece a determinados "intereses políticos" al
no incluir ningún informe previo ni causa que la justifique. Según este
sindicato, el único estudio formal sobre las comunicaciones
aeroterrestres se llevó a cabo entre 2014 y 2015, auspiciado por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa). En él participaron los
agentes implicados y concluyó que el uso único del inglés no beneficiaba a la seguridad, salvo que fuese la lengua materna de alguno de los agentes.
Además,
tanto Sepla como Usca denuncian que en la medida adoptada por la
Dirección General de Aviación Civil no se haya tenido en cuenta el
criterio técnico de los expertos a nivel nacional ni las conclusiones
del estudio realizado por Aesa. "La norma tiene un gran potencial de
afectar a la seguridad", afirma Guzmán, aludiendo que no se encuentra respaldada por ningún análisis de riesgo.
"No entendemos por qué no han hecho caso a los informes de seguridad.
Sólo nos dicen que la decisión responde a un criterio político, y
nosotros no entendemos de criterios políticos".
Excepción a la norma
La orden, que persigue la homogeneización de los procedimientos de aviación en Europa, surge de la trasposición a la normativa española del Reglamento Europeo
y por tanto, como señala el secretario técnico de Usca, Luis Vidarte,
"es de obligado cumplimiento". No obstante, "incluye la posibilidad de
que los Estados-Miembro hagan excepciones en aquellos casos donde peligre la seguridad.
Nosotros creemos que nuestro caso es clarísimo y que es necesaria dicha
excepción, pero en España hay una falta de voluntad política".
De
esta forma, afirman que el estado español no solo no se ha opuesto a la
publicación de la normativa, sino que tampoco piensa presentar ninguna
excepción a la misma a nivel nacional. Así, denuncian la paradoja de que
pilotos españoles puedan seguir utilizando el español en el resto de países de habla hispana, prohibiendo su uso únicamente en España. Vidarte señala además que países como Francia y Portugal van a pedir dicha excepción,
lo que permitirá que en los casos que lo requieran, tanto piloto como
controlador puedan utilizar su lengua materna para comunicarse.
La
norma entrará en vigor el próximo 12 de octubre, día de la Hispanidad, a
pesar de que "la Unión Europea da un plazo de adaptación hasta el 31 de
diciembre", ha señalado el secretario profesional de Usca, Jesús
Martínez. "Lo único que tiene que hacer el estado español es permitir la
excepción", e insta al Gobierno que "dé marcha atrás y promueva un
cambio en el Reglamento".
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